Estudiantes estadounidenses en protestas contra universidades

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Los estudiantes de la Universidad de Columbia que inspiraron las manifestaciones propalestinas en todo Estados Unidos dijeron que han llegado a un punto muerto con los administradores académicos y que tienen la intención de continuar su acampada hasta que se cumplan sus demandas.

El anuncio, tras dos días de exhaustivas negociaciones, se produce en un momento en que la presidenta de Columbia enfrenta duras críticas por parte del profesorado. La situación aumenta la presión sobre las autoridades universitarias para que encuentren una solución antes de las ceremonias de graduación previstas para el próximo mes, un problema al que se enfrentan diversos campus desde California hasta Massachusetts.

A medida que aumenta el número de muertos en la guerra de Gaza y se agrava la crisis humanitaria, manifestantes de universidades de todo el país exigen que los centros educativos corten sus vínculos financieros con Israel y retiren sus inversiones de empresas que, según ellos, facilitan el conflicto. Algunos estudiantes judíos afirman que las protestas han derivado hacia el antisemitismo y han hecho que teman entrar en el campus, lo que ha provocado en parte las peticiones de intervención policial.

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Después de que el jueves se levantara un campamento en la Universidad de Indiana en Bloomington, la policía se abalanzó sobre los manifestantes con escudos y porras y detuvo a 34 personas. Horas después, en la Universidad de Connecticut, la policía derribó varias tiendas de campaña y detuvo a una persona.

Y en la Universidad Estatal de Ohio, la policía se enfrentó a los manifestantes horas después de una concentración el jueves en la noche. Tras las advertencias de las fuerzas de seguridad, quienes se negaron a marcharse fueron detenidos y acusados de invasión de propiedad, explicó el vocero de la institución, Benjamin Johnson, citando la normativa que prohíbe las concentraciones nocturnas. Johnson dijo que un informe preliminar indicaba que se realizaron 36 detenciones, entre ellas las de 16 estudiantes y 20 personas no afiliadas a la universidad.

A medida que se acercan las ceremonias de graduación de mayo, aumenta la presión sobre los centros educativos para que desalojen las manifestaciones. En Columbia, los manifestantes levantaron un campamento donde muchos se graduarán delante de sus familias en pocas semanas.

Directivos de Columbia habían afirmado que las negociaciones estaban progresando cuando se cumplió el plazo impuesto por la escuela a primera hora del viernes para llegar a un acuerdo sobre el desmantelamiento del campamento. No obstante, dos autobuses de la policía estaban aparcados en las inmediaciones y había una notable presencia de seguridad privada y policía en las entradas del campus.

“Nosotros tenemos nuestras demandas, ellos tienen las suyas”, dijo Ben Chang, portavoz de la Universidad de Columbia, que agregó que si las conversaciones fracasan, el centro tendrá que considerar otras opciones.

Los negociadores estudiantiles que representan a la acampada de Columbia dijeron que, tras reunirse con los administradores académicos durante 11 horas el jueves y otra hora el viernes, la universidad no había satisfecho su principal demanda de desinversión, aunque habían avanzado en la exigencia de una mayor transparencia en la información financiera.

“No descansaremos hasta que Columbia se desvincule”, afirmó Jonathan Ben-Menachem, estudiante de doctorado de cuarto año.

Mientras tanto, la rectora de Columbia, Minouche Shafik, enfrentó el viernes a una significativa aunque en gran medida simbólica crítica por parte del cuerpo docente, pero conserva el apoyo de los administradores académicos, que tienen el poder de contratar o despedir a la rectora.

Un informe del comité ejecutivo del senado universitario, que representa al profesorado, concluyó que Shafik y su administración habían “tomado muchas medidas y decisiones que han perjudicado a la Universidad de Columbia”. Entre ellas, llamar a la policía y permitir que se detuviera a estudiantes sin consultar al cuerpo docente, no defender a la institución frente a presiones externas, tergiversar y suspender a grupos de protesta estudiantil y contratar a investigadores privados.

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